Las empresas son cada vez más conscientes de su papel como motores sociales. Por eso, ya no existe un único objetivo de ganar dinero, sino que la preocupación por generar un contexto positivo tanto dentro como fuera de la empresa es un objetivo clave en el desarrollo de las compañías.
Esta intención debe concretarse en compromisos serios y en acciones. Una de ellas es el desarrollo de una política de compliance penal, cada vez más presente en empresas españolas como fondos de inversión, servicers inmobiliarios o despachos de abogados.
Qué es el compliance penal y cómo protege a las empresas
Parece obvio: cualquier empresa o trabajador debe realizar su actividad con un respeto total hacia las leyes y normativas que legislan el sector y las prácticas profesionales. Sin embargo, este respeto no ha sido siempre tal.
En este contexto surgen las políticas de compliance penal. Se trata de un conjunto de procedimientos, normas y fórmulas de control y acción que las empresas instauran en su día a día con un objetivo: evitar la comisión de cualquier tipo de delito que pueda tener consecuencias penales para los empresarios o trabajadores.
Al disponer de este protocolo que identifica riesgos, implanta sistemas de control y, sobre todo, informa a todos los implicados sobre las consecuencias de sus actos, las compañías evitan verse envueltas en este tipo de procesos legales.
De esta manera, se realiza un esfuerzo común por mantener el buen funcionamiento de la actividad profesional, el respeto entre la plantilla y hacia proveedores y clientes y, sobre todo, el cumplimiento de las leyes penales que tienen relación directa con la empresa.
Ventajas del compliance penal en el entorno empresarial
Una vez que se tiene claro qué es el compliance penal, es interesante valorar las ventajas del desarrollo de estas políticas para cualquier tipo de empresa.
Llevar a cabo distintos protocolos de compliance penal para empresas de sectores como el de la inversión, el de la defensa legal o el de la inversión inmobiliaria, en Activa Legal hemos identificado estos puntos a favor:
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Reducción de procesos legales y sanciones: al no cometer ningún tipo de delito, las empresas y sus trabajadores no se exponen a juicios o multas. Esto reduce el impacto negativo para la compañía, así como las consecuencias judiciales para directivos y empleados.
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Mejora de la reputación: disponer de una política de compliance penal hace que la percepción de la empresa por parte del público mejore. Una empresa con buenas prácticas es una empresa en la que merece la pena confiar.
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Mejora del ambiente laboral: un protocolo de protección penal permite que los trabajadores se sientan seguros y que no tengan problemas en denunciar cualquier situación irregular, con la seguridad de que contarán con el respaldo de la directiva.
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Oportunidades laborales: el compliance penal es un atractivo no solo para el buen funcionamiento del proyecto, sino a la hora de obtener más puntos en convocatorias públicas o para seducir a un posible cliente.
Claves para implementar una política de compliance efectiva
En general, identificamos cuatro fases clave en este proceso:
Estudio de la empresa
El compliance legal para empresa comienza con un estudio de la actividad y los protocolos de la empresa, a fin de advertir posibles riesgos de comisión de delitos penales.
Además, se revisa la actividad pasada, el resultado de posibles procesos legales y cómo se comportó la empresa al respecto.
Desarrollo del protocolo
Con toda esta información, se prepara un protocolo que cumpla estrictamente con la ley, adaptando los distintos puntos de trabajo a la propia actividad de la empresa y a las características de su estructura.
En este protocolo se marcan los mecanismos de seguridad, el paso a paso para denunciar o advertir errores, el modo en el que se procederá ante estos casos… Y también se diseñará un proceso de formación para trabajadores y directivos.
Puesta en marcha
Cuando todo está elaborado, se plantea la puesta en marcha del protocolo, para lo que será necesario hacer un esfuerzo económico y de actividad, especialmente por parte de los directivos o gestores de las compañías.
Revisión constante del protocolo
El constante cambio de normativas y contextos hace que la directiva tenga que trabajar de manera activa con el protocolo de compliance penal: el control de la actividad comercial debe ser constante y, además, hay que estar abiertos a posibles modificaciones en las normas establecidas.
En el caso de identificar una desviación que pueda tener consecuencias penales, es importante actuar de inmediato y zanjar el problema desde su raíz. Para ello, es esencial diseñar un plan de actuación que perjudique lo mínimo posible a la compañía.
