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¿Quién vive en ese inmueble? Todo lo que necesitas saber sobre el informe de ocupación

Informe de Ocupación de Inmuebles: Qué Es, Para Qué Sirve y Cómo Obtenerlo

El informe ocupacional es esencial en procedimientos de ejecución hipotecaria, desahucios, compraventas con ocupantes, reclamaciones de rentas o regularización de inmuebles, ya que permite a las partes contar con una visión objetiva y documentada de la situación real del inmueble.

 

¿Qué contiene un informe de ocupación?

Un informe de ocupación de un inmueble suele incluir:

  • Identificación del inmueble: dirección, referencia catastral y descripción física.
  • Situación de ocupación: información sobre si está ocupado o no, y quién lo está.
  • Condición jurídica de la ocupación: se determina si el ocupante es titular, arrendatario, precarista, okupa u otro.
  • Documentación aportada: contratos, escrituras, notificaciones, recibos u otras pruebas que acrediten la situación.
  • Observaciones relevantes: estado de conservación, existencia de terceros, resistencia al abandono, etc.

 

¿Quién solicita este tipo de informe y para qué?

Los bancos, fondos de inversión, entidades financieras, abogados, administradores concursales o particulares pueden necesitar este informe para:

  • Valorar la viabilidad de una ejecución hipotecaria.
  • Preparar la compra o venta de un inmueble con ocupación irregular.
  • Aportar pruebas en un proceso de desahucio o regularización.
  • Tomar decisiones estratégicas en procesos de recuperación de activos.

 

¿Cómo se realiza un informe de ocupación? Paso a paso

  1. Visita al inmueble por parte de un profesional cualificado para comprobar in situ su estado y ocupación.

  2. Identificación de los ocupantes, si los hubiera, mediante entrevista o requerimiento de documentación.

  3. Revisión documental de escrituras, contratos de arrendamiento u otros títulos que justifiquen la ocupación.

  4. Valoración técnica y legal sobre la naturaleza de la ocupación y su legitimidad.

  5. Redacción del informe, detallando hallazgos, observaciones y, si procede, recomendaciones.

El proceso debe hacerse con respeto a la legalidad vigente, especialmente en lo relativo a la protección de datos y el derecho a la intimidad.

 

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